ENFOQUE | 7 de agosto de 2011

Los movimientos sociales y la Soberanía Alimentaria

Contexto

En el mundo se ha llegado a los mil millones de pobres y hambrientos, a su vez en América Latina, la población en extrema pobreza se incrementa y alcanza los 80 millones de personas, correspondientes al 15% del total regional y donde los niños y las mujeres son los más afectados, a pesar de que la región produce un tercio más de la cantidad de proteínas y calorías que se requieren.

La crisis alimentaria es una de las principales consecuencias producto de los efectos del modelo de desarrollo neoliberal, el que está influido y presionado por tendencias mundiales como:

• La globalización de los mercados.
• La apertura de la economía mundial.
• El predominio de las transnacionales en los mercados agrícolas y tecnológicos.
• La nueva revolución verde de los organismos genéticamente modificados y los biocombustibles.
• El influjo de los medios de comunicación modernos.

El modelo ha traído beneficios preferentemente a los sectores del gran capital nacional y transnacional, aumentos importantes en producción y productividad, pero con el riesgo evidente de generar desastres en cuanto a la protección del medio ambiente y la justicia social. Los elementos principales del modelo que se impone en la región son los siguientes:

• Económicamente hay apertura de las economías nacionales, se implementa el modelo agro-exportador, crecen las importaciones alimentarias y se homogenizan los patrones de consumo y de producción.
• Políticamente se amplían los ámbitos de la libertad individual, existen nuevas formas de participación ciudadana y se globaliza el neoliberalismo
• Socialmente hay inestabilidad, dependencia, desigualdad, pobreza y hambre.
• Ambientalmente hay contaminación y pérdida de los recursos naturales, especialmente suelo, agua, semillas y biodiversidad.
• La investigación y la tecnología se transforman en una mercancía que impacta en los recursos genéticos, en la base productiva, en el mercado laboral, y en las relaciones y estructuras de poder.
• El sistema económico posterga el desarrollo rural, la sustentabilidad ambiental y social, y la importancia de la agricultura.

Más específicamente, el actual modelo orienta su acción en políticas agro-exportadoras, cuyos efectos sobre el medio rural y sus comunidades generan una gran concentración de la riqueza, en cambio la mayoría de la población rural sufre pobreza, hambre, migración, degradación de los recursos naturales, perdida de los recursos productivos y desaparición de la cultura y la vida rural. Por consiguiente, aumenta la inseguridad alimentaria y se genera una creciente y sostenida pérdida de la soberanía alimentaria y del derecho de las personas a conservar y utilizar sus recursos genéticos, y a obtener un abastecimiento alimenticio saludable, culturalmente apropiado y seguro en cantidad y calidad.

Historia de los Movimientos Sociales y la Soberanía Alimentaria

A mediados de los años noventa, la apuesta de Seguridad Alimentaria de los Gobiernos y FAO, no lograba dar cuenta de los vastos alcances que habían cobrado la demanda de los Movimientos Sociales y las propias circunstancias por las que el planeta atravesaba. Ya no bastaba con asegurar la distribución alimentaria, sino que se trataba de encontrar un paradigma que garantizara un conjunto de derechos que con mucho distaban de estar referidos sólo a los aspectos nutricionales.

Por otro lado, la gravedad del problema alimentario, abordado por el Sistema de Naciones Unidas alcanzaba tal magnitud que se convierte en un tema político al incorporarse a la agenda internacional.

La Soberanía Alimentaria aparece en el contexto internacional, como una reacción de los Movimientos Sociales a las políticas impuestas por el modelo neoliberal y la consecuente pérdida de derechos relacionados con la tierra y el territorio, los océanos y la producción de pequeña escala asociada a la alimentación.

La Soberanía Alimentaria se discute y define, por primera vez, en la II Conferencia Internacional de la Vía Campesina, realizada en Tlaxcala, México, en abril de 1996.

En el principio y valor de la Soberanía Alimentaria se enfrentan dos cosmovisiones sobre el desarrollo, la economía y el tipo de sociedad; por un lado, la visión tradicional ultraliberal en la cual la alimentación posee el mismo valor que se le asigna a un comodities, con una producción de gran escala, uso intensivo de los recursos y capital y por otro, el desarrollo rural sustentable, un tipo de organización social basado en derechos sociales y colectivos junto al reconocimiento de saberes, cultura, biodiversidad y desarrollo sostenible.

La Soberanía Alimentaria no invalida el comercio, sino más bien fomenta la formulación de políticas y prácticas de comercio que sirvan a los derechos de los pueblos a la alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible.

En sentido, la soberanía alimentaria más que un paradigma del S. XXI es en buena medida una frontera que separa dos propuestas de producción y vida en el planeta.

La Soberanía Alimentaria ha sido definida por los movimientos sociales como el “derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura; a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles; a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes; a restringir el dumping de productos en sus mercados; y a proporcionarle a las comunidades de campesinos, indígenas y pescadores artesanales la prioridad en la administración del uso de recursos y los derechos sobre los mismos”.

De este modo, el principio y valor de la Soberanía Alimentaria se desarrolló rápidamente desde que fuera propuesto hace más de una década por los Movimientos Sociales, convirtiéndose en una referencia cuando se abordan los temas relacionados con la alimentación.

En los años noventa, una lamentable y cruda realidad se mostraba con toda su magnitud, el mundo tenía alrededor de 820 millones de personas en inseguridad alimentaria, equivalentes al 20% de la población mundial, lo que motivó el inició de un proceso de movilización de la sociedad civil en torno a la seguridad alimentaria, con el fin de hacer evidente la situación de hambre y pobreza que la mayoría de la población mundial estaba padeciendo y exigir a los Estados y organismos internacionales las medidas necesarias para su solución. Numerosas organizaciones sociales participaron en las Conferencias Regionales de FAO y posteriormente en la Cumbre Mundial de la Alimentación, realizada en Roma el año 1996, constituyendo un Foro Paralelo que dio nacimiento a una red global de la sociedad civil, especializada en temas de seguridad alimentaria.

Uno de los resultados de esta acción queda plasmado en la declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, donde los Jefes de Estado destacan que “el carácter polifacético de la seguridad alimentaria haría necesaria una acción nacional concertada, junto con iniciativas internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción nacional”. En este marco, se establece que uno de los objetivos de FAO es ampliar su esfera de acción y propiciar que las organizaciones más representativas de la sociedad civil asuman un papel activo en el diseño de políticas y programas y en la movilización de recursos necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural integral de los países en desarrollo.

Para dar seguimiento a los acuerdos logrados, en cada región se crea un Comité ad hoc con representantes de diversas organizaciones sociales, los cuales organizan junto con FAO las consultas regionales de la sociedad civil, las que se realizan previo a las Conferencias Regionales de FAO. En América Latina se realizan Consultas los años 2000 en Mérida y 2002 en la Habana, con el propósito de evaluar el estado de la alimentación y preparar la participación de la sociedad civil en la Cumbre Mundial de la Alimentación, cinco años después. En estas consultas, los movimientos sociales sugieren a FAO desarrollar instrumentos y herramientas especificas, dirigidas a fortalecer la autonomía, la comunicación, el dialogo y la coordinación de acciones. El resultado de estas acciones de seguimiento muestra que las metas establecidas el año 1996, de reducir a la mitad la pobreza y el hambre, serían imposible alcanzar al año 2015.

Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, cinco años después, realizada en Roma el 2002, se lleva a cabo el Foro Global de la Alimentación con la presencia de más de 500 organizaciones de la sociedad civil mundial, representantes de todos los sectores sociales, campesinos, pueblos indígenas, trabajadores rurales, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes y ONGs. Durante el Foro las organizaciones expresan su gran preocupación por el fracaso del plan establecido en la Cumbre Mundial de Roma 1996 que basó su estrategia de solución de los problemas de hambre y pobreza, básicamente en la liberalización de los mercados, en un código de conducta que se reduce a un conjunto de directrices de aplicación voluntaria y al desarrollo de una nueva revolución verde, centrada en la biotecnología, los OGMs, y en el modelo agro exportador.

El Foro establece que el único camino de solución posible es un nuevo modelo de desarrollo más humano y sustentable, cuyo objetivo principal es la seguridad alimentaria y nutricional para todos, en el marco de la soberanía alimentaria, enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de géneros. De esta forma, la soberanía alimentaria se constituye en un derecho de los países y pueblos a definir sus propias políticas: agrícola, pesquera y alimentaria, con una orientación ecológica, social, económica y culturalmente apropiada.

Bajo este marco y para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de 2002, se elabora un plan de acción global y regional, y se constituye el Comité Internacional de Planificación de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria (CIP) con la elección de puntos focales regionales de todos los sectores sociales.

Los principios básicos adoptados para el Plan de Acción y el funcionamiento del Comité son los siguientes:

• Derecho de todos los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria, reconociendo y garantizando el derecho de todos y todas a la producción, alimentación y nutrición.
• Derecho de las poblaciones locales a usar, gestionar y controlar los recursos locales, especialmente agua, tierra, semillas y también recursos como la tecnología y el financiamiento.
• Necesidad de avanzar hacia métodos de producción de alimentos sostenibles y ecológicos en la agricultura y la pesca
• Prioridad a los principios de seguridad y soberanía alimentaria cuando se traten las reglas del comercio para asegurar una distribución y un comercio justo y equitativo de los alimentos.

Con este mandato, el Comité Internacional de Planificación se organiza como una instancia descentralizada con la función de abrir espacios de diálogo entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, y facilitar el diálogo de la sociedad civil con la FAO y otros organismos internacionales. La estructura de funcionamiento del CIP para cumplir con estas funciones se constituye de la siguiente forma:

• Representación de los sectores sociales más distintivos, mediante la elección de puntos focales a nivel internacional y en cada región de campesinos, trabajadores rurales, pescadores artesanales, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y ONGs.
• Puntos focales temáticos para reforzar el debate político sobre temas claves como derecho a la alimentación, agroecología, recursos genéticos y reforma agraria.
• CIP regionales para reforzar el seguimiento y el debate sobre soberanía alimentaria a nivel nacional y regional.

Posterior a la Cumbre Mundial de la Alimentación de 2002, el CIP inicia conversaciones con FAO para avanzar en un plan de acción conjunto, que se concreta en enero de 2003 con la firma de una Carta de Acuerdo. En ella se establece que FAO acepta los principios de autonomía y auto organización de las OSCs y reconoce al CIP como su principal interlocutor con la sociedad civil global. El CIP asume la responsabilidad de garantizar una amplia cobertura de ONGs, OSCs y movimientos sociales de todo el mundo. Bajo este marco de relaciones se inicia una nueva etapa de participación de la sociedad civil, tanto a nivel mundial como en las distintas regiones, para llevar a cabo diversas acciones de seguimiento en las conferencias mundiales y regionales de FAO.

Uno de los resultados de este proceso de trabajo conjunto fue el apoyo que FAO dio al CIP y a la sociedad civil para realizar las consultas en las diferentes regiones durante el año 2004, en el marco de sus Conferencias Regionales, con el propósito de dar seguimientos a los acuerdos de la Cumbre y evaluar el estado de la alimentación en el mundo. En la 28ª Conferencia Regional de FAO, Guatemala, se realiza la IV Consulta de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe con una asistencia de 100 representantes de todos los sectores sociales, la cual culminó con la presentación de la Declaración en una de las principales sesiones de la Conferencia, ante todos los representantes de los gobiernos.

Derecho a la Alimentación

En esta etapa de altos y bajos, el año 2004 la sociedad civil logra que varios Estados se comprometan en diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales a garantizar el derecho humano de las personas a alimentarse. De esta forma, los Estados miembros de la FAO adoptan las Directrices Voluntarias del Derecho a la Alimentación, en las cuales se fundan algunas pautas de política pública que permitan orientar a los Estados en el cumplimiento de este derecho. Por primera vez, éstos se ponen de acuerdo en cuanto a directrices sobre cómo alcanzar la realización de la alimentación como un derecho humano. El derecho a la alimentación es reconocido como un derecho humano y se define en la Observación General N’12 del Comité DESC de Naciones Unidas como: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Este derecho es consagrado y desarrollado por instrumentos internacionales, entre los más importantes están: La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. Artículo 25, El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Artículo 11 y Las Directrices Voluntarias en apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, acogidas por FAO en el año 2004.

Las Directrices obligan, en la medida de lo posible, a los Estados para que operen programas y políticas que garanticen el derecho a la alimentación, provean el acceso a los alimentos para aquellos en estado de necesidad y faciliten el acceso y uso de medios que les permitan adquirir alimentos. El derecho a la alimentación se realiza plenamente cuando los Estados han establecido garantías para la provisión y facilitación en este sentido. Las directrices constituyen estándares para monitorear la existencia y aplicación de las políticas del derecho a la alimentación y determinar si el incumplimiento de esos entandares son una violación.

Derecho a la Tierra

Una de las primeras acciones para consolidar la aplicación de estas Directrices Voluntarias del Derecho a la Alimentación es la generación, en varias partes del mundo, de una intensa movilización social que demanda tierra y reforma agraria como un derecho. Por mucho tiempo la reforma agraria y el desarrollo rural fueron desplazados de las agendas nacionales e internacionales, pero el tema volvió con mucha fuerza con la realización de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y el Foro Paralelo de la Sociedad Civil “Tierra, Territorio y Dignidad”, convocados por FAO y CIP respectivamente en marzo de 2006, en Brasil.

Por primera vez en la historia de FAO, durante la conferencia oficial, los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil se reúnen en sesiones especiales conjuntas para discutir los alcances y los caminos a seguir en cuanto a la reforma agraria y el desarrollo rural. La declaración que se suscribe como resultado de la CIRADR, establece el compromiso de llevar a cabo acciones y apoyos para lograr una nueva visión de la reforma agraria y del desarrollo rural, y crear mecanismos apropiados a través de una plataforma duradera a nivel global, regional, nacional y local para institucionalizar el diálogo social, la cooperación y el seguimiento y evaluación de los avances, los cuales son fundamentales para promover la justicia social y el fortalecimiento de la reforma agraria y del desarrollo rural ecológicamente sostenibles, más centrados en los pobres y respetuosos de la equidad de género.

A su vez, la sociedad civil plantea la necesidad de comprometerse decisivamente con una nueva reforma agraria basada en la soberanía alimentaria, el territorio y la dignidad de los pueblos, que garantice a campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales, pastores/as, trabajadoras/es rurales, comunidades afro descendientes, trabajadores/as desocupados/as, y demás comunidades rurales, el acceso y control efectivo de los recursos naturales y productivos para el ejercicio de sus derechos humanos.

Desafíos para la Soberanía Alimentaria

De todos modos y a pesar de los avances importantes en cuanto al reconocimiento del derecho de la alimentación y el derecho a la tierra por los Estados, de que en términos porcentuales la población subnutrida en el mundo y en especial en América Latina disminuye de 13 a 10 por ciento entre 1992 y 2003 y de que existe una producción de alimentos y una dotación de recursos productivos suficientes para asegurar la alimentación de cada uno de sus habitantes, no se progresa y la crisis alimentaria se hace más evidente y se exacerba en varios países, especialmente por la falta de voluntad política de muchos Estados y por su ineficiencia o su deficiencia administrativa que impide realizar cambios en sus estructuras económicas injustas, postergando el beneficio a los más pobres y vulnerables, sometiéndolos a una situación permanente de pobreza y marginación.

En el año 2006, nuevamente se realizan Conferencias Regionales de FAO y la Cumbre Mundial de la Alimentación, 10 años después, pero siempre bajo el marco de un modelo de desarrollo que incrementa las diferencias y desigualdades sociales. América Latina y el Caribe mantienen una población regional de más de cincuenta millones de personas subnutridas, equivalentes al 10% de la población total pero con diferencias regionales muy grandes. En el mismo periodo, Meso América aumenta la subnutrición del 22 al 25 por ciento, a diferencia de Sudamérica, donde la mayor parte de los países experimentan disminución de la inseguridad alimentaria.

A esto se suma que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sufre dificultades orgánicas y presupuestarias serias, vive una reforma estructural a nivel general, sus propósitos y visión no logran orientarse hacia un modelo de desarrollo rural sustentable, se convierte en una instancia exclusivamente técnica, su mandato original de asegurar el derecho a la alimentación tiende a quedar postergado y pierde la capacidad de concertar esfuerzos para el diálogo con la sociedad civil, lo que se traduce en una escasa participación de los movimientos sociales en las conferencias regionales y en la Cumbre, y en un retroceso en el acercamiento y el trabajo conjunto realizado anteriormente. Sin embargo, es necesario mencionar que existen diferencias importantes entre las regiones y que en América Latina, FAO Regional ha mantenido un voluntad de diálogo permanente y busca a través de la Iniciativa por una América Latina sin Hambre superar estos inconvenientes y realizar esfuerzos concretos para lograr disminuir la inseguridad alimentaria en la región.

No obstante, la sociedad civil continúa su proceso de movilización en todo el mundo con el objeto de seguir denunciando el hambre, la pobreza, las desigualdades y la pérdida de la soberanía alimentaria, y se reúne en foros regionales para evaluar, hacer seguimiento y organizar su participación en el Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, que se realiza en febrero de 2007 en Nyéléni, Selingue, Malí. Allí concurren unos 500 representantes de más de 80 países, de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos, con el fin de fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria y las propuestas de la sociedad civil.

El año 2008, en Brasilia, tuvo lugar la “Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los derechos y por la vida”, previo a la XXIX Conferencia Regional de FAO, donde participó activamente aproximadamente unos 150 delegados del CIP, campesinos, indígenas, trabajadores rurales, pescadores, mujeres y jóvenes, gracias el valioso apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, lo que permitió avanzar de forma significativa en el trabajo de elaboración de propuestas de los movimientos sociales y también, de participación y posicionamiento de la sociedad civil en este tipo de espacios políticos.

El Comité para la Soberanía Alimentaria de América Latina y Caribe (CIP) que tiene como fin el trabajar en la definición de los temas y acciones para ampliar y asegurar la participación de las organizaciones civiles en la lucha por la soberanía alimentaria, durante la Conferencia Especial ratificó que una de sus principales tareas es el seguimiento a la CIRADR con los movimientos sociales, con los organismos internacionales como la FAO y con los gobiernos de la Región.

Este compromiso se ha llevado a cabo en América Latina y El Caribe, mediante la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del CIP y Seguimiento a la CIRADR, que ha tenido el apoyo del Gobierno de Brasil y de FAO Regional, y ultimamente con la implementación del Programa de Cooperación Tecnica de FAO para Sudamérica. Ambos tienen como objetivo principal, el fortalecimiento de los movimientos sociales y la creación de espacios nacionales de alto diálogo político entre los movimientos y organizaciones del campo para la negociacion con los Gobiernos con el fin de avanzar en acciones efectivas de movilización y difusión de la soberanía Alimentaria y de una nueva reforma agraria.

Como consecuencia, los movimientos y organizaciones sociales reafirman a través de todas estas acciones, que cada país requiere de una política de seguridad alimentaria orientada en los principios de la soberanía alimentaria, donde la alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos, las personas deben tener acceso a la alimentación en cantidad y calidad, la seguridad alimentaria debe ser compatible con la sustentabilidad de los recursos naturales, y los gobiernos y la sociedad civil ser responsables de su logro.

Además, plantean que se necesita de la implementación de una política agraria y agroindustrial nacional, cuyo propósito principal garantice la tenencia y el acceso a la tierra, créditos adecuados para los productores campesinos, condiciones justas de mercado y de precios, el desarrollo de la organización, todo con el fin de asegurar la disponibilidad de alimentos y una dieta básica para el conjunto de la población.

Igualmente, que junto al desarrollo de una agricultura comercial que produce para el consumo externo y provee de divisas a los países, fomente y apoye la agricultura campesina para asegurar su rol de abastecedora de alimentos para el consumo nacional, dándole el carácter estratégico correspondiente. También, que permita el desarrollo (o modificación de la existente) de una institucionalidad pública, cuyo fin sea lograr y sostener una agricultura nacional que resguarde el consumo alimentario básico de cada país.

En forma más específica los movimientos sociales, campesinos, pescadores artesanales, pueblos indígenas, asalariados rurales, mujeres, jóvenes, organizaciones urbanas, ONGs, etc., plantean y demandan:

• Políticas de seguridad alimentaria a nivel nacional e internacional, que posibiliten la existencia de un eje articulador entre la agricultura sustentable, la integración regional y los poderes locales.
• Integración en el sistema de seguridad alimentaria de la producción sustentable de alimentos, la distribución equitativa de ellos, la comercialización justa de los mismos y el consumo adecuado a las necesidades de la población.
• Seguridad alimentaria como objetivo vital para las autonomías nacionales y para la situación económica y social de los habitantes pobres del medio rural y urbano, y constituirse en un derecho básico que no puede quedar circunscrito a la variación de los mercados.
• Políticas agraria y agroindustrial que garanticen la tenencia y el acceso a la tierra, créditos adecuados para los campesinos, condiciones justas de mercado y de precios, el desarrollo de la organización, para asegurar la disponibilidad de alimentos y una dieta básica para el conjunto de la población, dándole a la agricultura el carácter estratégico correspondiente.
• Desarrollo de una institucionalidad pública, cuyo fin sea lograr y sostener una agricultura nacional que resguarde el consumo alimentario básico de cada país.
• Rescate, valorización y divulgación de conocimiento local sobre conservación y manejo de semillas nativas.
• Fomento y desarrollo de la agricultura ecológica familiar campesina.
• Promoción de alianzas estratégicas de relaciones comerciales y sociales entre productores, consumidores e instituciones de apoyo.
• Desarrollo de políticas públicas para el fomento, construcción, e implementación de mercados locales para el intercambio local de semillas, productos y alimentos de la tierra y el mar.
• Políticas y programas de acceso, control y manejo de la tierra, el agua y la biodiversidad. Promoción de leyes de protección y manejo local de los recursos genéticos.
• Implementación de programas de apoyo al productor, técnicos, crediticios, de investigación y de formación para el fortalecimiento de sus recursos y de sus organizaciones.
• Programas de apoyo para la educación de los consumidores y para la realización de campañas públicas de información.
• Programas de desarrollo organizacional y de gestión productiva y social.
• Creación de espacios de concertación y alianza de la sociedad civil para la soberanía alimentaria en todos los países.
• Participación de todos los sectores de la población en la discusión y en la toma de decisiones.

Soberanía Alimentaria pre-requisito a la Seguridad Alimentaria y elemento fundamental de un nuevo Modelo de Desarrollo Rural Sustentable.

La Soberanía Alimentaria surge como un Concepto, se establece como Principio, se transforma en un Derecho y se constituye en un Deber.

Bibliografía

• CEPAL, 2006. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. CEPAL. Santiago, Chile.
• CIP, 2002. Memoria Foro por la Soberanía Alimentaria, un derecho para todos. CIP. Roma, Italia.
• CIP America Latina, 2005. Memoria Tercera Consulta para America Latina y el Caribe de Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil. CIP Regional. Chile.
• CIP, 2006. Declaración Foro Paralelo de la Sociedad Civil “Tierra, Territorio y Dignidad”. CIP. Brasil.
• FAO, 2006. Declaración Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR). FAO. Brasil.
• FAO, 2006. El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, FAO. Roma, Italia.
• FIAN Internacional, 2007. Las Directrices del Derecho a la Alimentación como Herramienta de Monitoreo Basado en Derechos Humanos. FIAN, Unidad Derecho a la Alimentación de la FAO y la Acción Agro Alemana – Deutsche Welt Hunger Hilfe. Alemania.
• FIAN Internacional, 2007. D: 51 Acceso a la Tierra y el derecho a la Alimentación, FIAN. Alemania.
• Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, 2007. Declaración Final Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, Comité de Pilotaje. Nyéléni, Selingue, Malí.

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